La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, se ha reunido con representantes de la Plataforma en Defensa de la ley de Dependencia y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunitat Valenciana (CERMICV) para trasladarles el buen funcionamiento del nuevo sistema de valoración de las personas en situación de dependencia.
La reunión, a la que también ha acudido la directora general de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Mercé Martínez, es la primera que se produce de forma conjunta entre las distintas entidades, pero está previsto que se constituya como un foro permanente de diálogo entre la Conselleria y las entidades más representativas en esta materia.
Ferrando ha aprovechado este primer encuentro para trasladarles el primer análisis que se ha hecho del nuevo sistema de valoración, que ha permitido incrementar en un 52,7 por ciento el número de valoraciones realizadas desde enero hasta ahora respecto al mismo periodo de tiempo del 2014, ha pasado de las 4.254 valoraciones efectuadas ese año a las 6.497 realizadas en 2017.
El proceso de la Conselleria para «municipalizar» la dependencia y crear una red para que los ayuntamientos asuman la valoración y tramitación de los expedientes ha permitido este incremento en el número de valoraciones, gracias a que los puntos de atención de servicios sociales de las entidades locales han pasado de 145 en 2016 a los 249 que existen actualmente.
Así, el mes de mayo de este año con 2.008 valoraciones realizadas constituye el mayor registro de ejecución de valoraciones del mismo mes en los últimos cuatro años, además de triplicar a las 622 valoraciones que se realizaron en el mes de enero de 2014.
En total, desde septiembre de 2016, fecha en la que empezó a funcionar el nuevo sistema, y hasta la fecha se han valorado a un total de 9.676 personas solicitantes del reconocimiento de la dependencia, lo que supone una media de más de 1.000 valoraciones al mes.
Decreto de dependencia
La reunión también ha servido para explicar el procedimiento que lleva aparejado el nuevo decreto del Consell del reconocimiento de dependencia, que entró en vigor la pasada semana, y agilizará todo el proceso de reconocimiento y acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, además de introducir nuevas medidas que promocionan la autonomía personal y permiten la compatibilidad entre servicios.
Se trata de un texto pionero en España que unifica la normativa autonómica que existía sobre esta materia, regulando la red pública de valoraciones que, además de los servicios generales municipales, incluye otros puntos, como las residencias públicas, los hospitales de media y larga estancia, las unidades de salud mental y las prisiones.
Tal y como recoge el decreto y a partir de su entrada en vigor las valoraciones podrán realizarlas el personal con titulación social o sanitaria que cuente con la acreditación necesaria para hacerlo, lo que va a permitir pasar de 17 a más de 400 profesionales sólo en el ámbito de los servicios municipales.
Respecto a los plazos, el decreto incluye procedimientos independientes para las resoluciones de grado y del Programa Individual de Atención (PIA), que hasta ahora se dictaminaban en una misma resolución, lo que provocaba retrasos en los plazos para resolver expedientes, ya que hasta que no estuviera aprobada y notificada la propuesta del PIA no se podía continuar con el proceso.
El decreto contempla también que, en los casos en los que las preferencias expuestas por la persona interesada coincidan con el informe social de entorno, se emitirá automáticamente la resolución aprobando el PIA, lo que agilizará considerablemente los procedimientos, que podrán reducirse en un periodo de entre 1 y 2 meses.
Asimismo, se regula por primera vez el procedimiento de revisión del grado de dependencia y los traslados entre comunidades autónomas, que hasta ahora no se habían contemplado en ninguna normativa.
